La normativa busca fortalecer los controles financieros, combatir el lavado de dinero y evitar que Guatemala enfrente sanciones o señalamientos internacionales.
El Congreso de la República aprobó con 147 votos el Decreto 15-2025, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La nueva normativa unifica el marco legal que regula la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al suprimir dos decretos que abordaban estos delitos por separado.
Según el Organismo Legislativo, la ley responde a estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y busca evitar duplicidad de procesos, costos innecesarios y posibles riesgos para el sistema financiero del país.
